Se estima que cerca del 35% de los residuos a nivel mundial proviene de la construcción y demolición (RCD). De hecho, en Chile la generación de estos alcanza 7,1 millones de toneladas al año, solo por edificaciones autorizadas, lo que es más que el total de los residuos municipales. Algo así como tres cerros Santa Lucía. A eso hay que agregarle las obras de infraestructura (por ejemplo, vial), las que se hacen para catástrofes y las edificaciones informales.

Esto llevó al gobierno a desarrollar una ambiciosa “Hoja de Ruta” al 2035 para que esta industria sea más sustentable. Una deficiente organización entre organismos públicos y un importante desconocimiento de cómo se puede utilizar la economía circular (EC), fue parte de un análisis presentado al respecto por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) a fines de agosto.

En Chile, la construcción representa cerca de 7,1% del PIB, pero, según un estudio de la Universidad Católica, las pérdidas económicas por materiales desperdiciados son de US$315 millones al año. Sin embargo, los RCD son altamente valorizables, llegando a tasas de 95%, especialmente los áridos (ver gráfico).

Por eso, lo que plantea esta ruta (donde también participó la Cámara Chilena de la Construcción y algunas empresas del ramo) es, primero, una “Agenda Inmediata”, que consiste en la elaboración de un reglamento de manejo de RCD con el Ministerio de Salud, el que ya está en desarrollo, además de una serie de manuales para el sector construcción y para incorporarlo en los proyectos aprobados por el SEIA. Todo esto debería estar listo en 6 meses.

Luego viene una agenda a corto plazo (marzo de 2022) que incluye cerca de 15 medidas como indicadores de economía circular, fiscalización y normativas técnicas; y otra a largo plazo con metas a 2035 con temas como un reglamento ambiental para extracción de áridos, etiquetado de materiales y sistemas de financiamiento. “Las empresas que han implementado medidas ya han demostrado que resulta económicamente atractivo optimizar los diseños, mejorar el manejo de materiales en obra, disminuir la generación de residuos”, comenta Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente.

El objetivo es lograr, por ejemplo, que al 2025, el 20% de la edificación e infraestructura pública nueva cuente con criterios de economía circular y que al menos el 50% de la infraestructura vial, carreteras y caminos nuevos incorpore asfalto y áridos reciclados. Incluso, que al 2035, el 40% de la oferta de materiales, piezas y componentes para la construcción tengan atributos circulares.

Santiago García Cedrún, gerente general de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras Chile, destaca los avances que ha habido en la colaboración público-privada en los últimos años en esta materia, sin embargo, indica que “el desafío más importante será el poder consolidar una gobernanza entre los distintos ministerios y entidades públicas, para así agilizar el trabajo colaborativo con el sector privado, y que esto se convierta en un proceso ágil y sostenible en el tiempo”.